El nombre de Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, suena cada vez con más fuerza como candidato a la presidencia de la Generalitat, como antes sonaron los de Marta Rovira (ERC) o Elsa Artadi (PDeCAT). No obstante, las dudas sobre la viabilidad de esta opción, que ha apoyado expresamente Carles Puigdemont, son muchas, ya que el diputado electo está en prisión provisional.

El expresidente de la ANC se encuentra en la cárcel de Soto del Real (Madrid) en situación de prisión preventiva, comunicada y sin fianza desde el pasado 16 de octubre. Está investigado por sedición y rebelión en la causa contra el procés. Concurrió a las elecciones del 21-D como número dos de la lista de Junts per Catalunya. Fue elegido diputado y, a través de una persona de la candidatura —así lo permite la ley, como ya contó 20minutos—, presentó sus credenciales en el Parlament.

A diferencia de Oriol Junqueras, Sànchez no pidió al juez Llarena, el instructor en el Tribunal Supremo, ir a la sesión constitutiva del Parlament del 17 de enero (el exvicepresident recibió un 'no'). El magistrado, en todo caso, sí confirmó a ambos (y a Joaquim Forn) que podían adquirir la "condición" plena de parlamentarios. Junqueras y Sànchez solicitaron después un permiso "extraordinario" para la investidura (30 de enero), que finalmente se aplazó. Tampoco se les concedió.

El juez no les dejó ir, pero sí votar (no así a los huidos en Bruselas): el Parlament, según sus indicaciones, aprobó la delegación de voto en otros diputados para Sànchez, Junqueras y Forn. El magistrado, sin embargo, fue más allá, ya que decretó también su "incapacidad legal prolongada" para cumplir con sus obligaciones parlamentarias, algo que ahora se puede convertir en un obstáculo para Sànchez. La Ley Penitenciaria, por cierto, sí contempla permisos en ciertos casos para los presos, pero todo queda en manos del juez.

La primera vez que el juez denegó la salida de prisión a Sànchez fue durante la campaña electoral (14 de diciembre); la Sala Segunda del Tribunal Supremo avaló el pasado 16 de febrero esta decisión. Al margen de salidas puntuales, el exdirigente de la ANC ha recurrido, sin éxito, su situación general de privación de libertad. El magistrado Llarena cree que, en su caso, hay un riesgo evidente de reiteración del delito y el pasado 6 de febrero confirmó que debía seguir en la cárcel. Este es otro de los elementos que, a día de hoy, impediría la viabilidad de una posible candidatura.

El abogado de Sànchez ha dicho que volverá a pedir la libertad de su cliente ante el TS si es propuesto como candidato. Si es rechazada, solicitará un permiso para que pueda asistir a la investidura, aunque luego tenga que volver a la cárcel y ejercer allí. Por otro lado, Sànchez y Cuixart —presidente de Òmnium, que no se presentó a las elecciones— presentaron un recurso de amparo al TC en relación a su situación de prisión provisional. El Tribunal lo admitió para estudiarlo, pero aún no se ha pronunciado.

El tema se planteó con Puigdemont, único candidato oficial hasta el momento a la (primera) investidura. Esta maniobra no solo fue vetada por el TC (27 de enero) —suspendió la investidura y consideró que Puigdemont debía estar presente y con la autorización del juez—, sino también por el president del Parlament, Roger Torrent (ERC), que aplazó la sesión para no incurrir en una ilegalidad. Tras amagar con intentarlo de nuevo, el jueves se votó en el Parlament una propuesta de JxCat para "legitimar" a Puigdemont y este ha dado un paso a un lado con la mirada puesta en Sànchez.

En 1986, Juan Carlos Yoldi concurrió a las elecciones vascas en la lista de Herri Batasuna (HB) por la provincia de Guipúzcoa. Estaba en prisión preventiva por su presunta pertenencia ETA. Tras ser designado diputado, la coalición abertzale le presentó como candidato a lehendakari y el juez le permitió salir para intervenir en la Cámara. José Antonio Ardanza fue elegido lehendakari y Yoldi volvió a prisión.

Rafael Hernando (PP) ha tildado de "disparate cósmico" que Sànchez sea candidato e Inés Arrimadas (Cs) opina que supone "alargar el proceso y liarla más". Eva Granados (PSC) ha advertido de que sería un "error político" y Elisenda Alamany (Catalunya En Comú-Podem) ha dicho que sería legítimo, aunque Rafael Mayoral (Podemos) ha evitado tomar partido. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ve "difícil" pensar en un president "en prisión y que no pueda ejercer sus funciones". Y desde ERC recuerdan que aún no hay un acuerdo, pero confían en que lo habrá pronto.

Sànchez es diputado y, por tanto, puede ser designado candidato y podría ser elegido, en teoría, president. No obstante, su situación particular de prisión provisional, sumada a las negativas previas del juez a dejarle salir y al precedente del huido Puigdemont, hacen que llevarlo a la práctica sea muy complejo. Por no mencionar que si es condenado por los delitos por los que es investigado, la pena llevará aparejada una inhabilitación. Aunque Puigdemont ya lo ha señalado expresamente como posible candidato, aún no hay una decisión tomada.